Carta de Derechos de los Policías: qué te da la Ley 1-2022

Primero, a quién cubre, y a quién no

La Ley Núm. 1 de 18 de enero de 2022 creó la **Carta de Derechos de los Policías**, y antes de mirar los beneficios hay que mirar la definición, porque es más estrecha de lo que el nombre sugiere.

«Policía» significa, para esta ley, **el servidor o servidora pública del Negociado de la Policía** debidamente adiestrado para llevar a cabo funciones de agente del orden público. Y añade una limitación expresa: **incluye únicamente al personal que directamente desempeña tareas encaminadas a la investigación criminal, a mantener el orden público y a proteger la vida y propiedades** de los ciudadanos conforme a los reglamentos del Negociado.

De ahí salen dos conclusiones prácticas. La primera: **el personal civil del Negociado no entra**. La ley lo dice de otra forma en la sección contributiva, donde aclara que ciertas exclusiones «no les aplican a los empleados civiles» del Negociado. La segunda: la Carta se refiere al **Negociado de la Policía de Puerto Rico**, si eres policía municipal, tu situación se rige por otras normas y vale confirmarlo antes de radicar cualquier solicitud al amparo de esta ley.

Los derechos aplican también, según corresponda, **al cónyuge, a la pareja con relación de afectividad análoga a la conyugal y a los hijos**. Esa equiparación de la pareja no casada aparece expresamente en las definiciones y en varios de los beneficios.

Y una regla de lectura que la propia ley incluye: la enumeración de derechos **no debe interpretarse como una limitación** al reconocimiento de cualquier otro beneficio reconocido por ley, reglamento o carta normativa que no esté mencionado aquí. Es un piso, no un techo.

Lo que vale dinero: dos exenciones contributivas

Esta es la parte que más se deja sobre la mesa, sencillamente porque no se sabe que existe.

**Las horas extra no tributan.** El inciso D reconoce el derecho **a que el ingreso devengado por concepto de las horas extras trabajadas esté exento de tributación**. Para un cuerpo donde las horas extra son parte estructural del sueldo, esa línea vale miles de dólares al año.

**Los retroactivos tampoco.** El mismo inciso exime de toda tributación **los salarios que se paguen retroactivamente por los aumentos en los tipos básicos de las escalas**, los aumentos otorgados en virtud de la Ley 227-2004 y **cualesquiera otros ingresos generados por promociones pasadas** de acuerdo con las escalas salariales que aún se adeuden. Para los salarios de esos conceptos pagados durante **2018** que no se incluyeron en el Comprobante de Retención de ese año, la ley concedió un **crédito equivalente al 100% de ese ingreso en el año 2019**. Estas exclusiones **no aplican a los empleados civiles** del Negociado.

**La contribución sobre la propiedad: $10,000 de tasación, permanentemente.** El inciso E exime, **permanentemente y hasta diez mil dólares de su valor de tasación**, la vivienda que el policía o su cónyuge supérstite edifique o adquiera de buena fe como residencia principal. Si el edificio tiene más de una vivienda, la exención cubre la parte proporcional que corresponda a la ocupada por el policía. Las peticiones se hacen ante el **CRIM**, y una vez aprobadas **su efecto es retroactivo hasta un máximo de tres (3) años**. La ley aclara además que esta exención es **en adición** a cualquier otra que conceda el Gobierno.

**Y si el policía quedó incapacitado, la exención no tiene tope de dólares.** El inciso E(2) exime del pago de contribución sobre la propiedad **toda casa construida, adquirida o remodelada (o que se construya, adquiera o remodele en el futuro) por un policía incapacitado o impedido**, junto con el solar donde enclava, **hasta un máximo de 1,000 metros cuadrados en zonas urbanas o de una cuerda en zonas rurales**, siempre que sea residencia suya o de su familia inmediata. La exención cesa si la propiedad deja de ser esa vivienda, pero **es recobrable** si vuelve a construir allí o adquiere otra y establece en ella su hogar.

Certificados sin arancel, y el rótulo que la agencia debe tener puesto

El inciso E(3) reconoce el derecho a recibir **libre del pago de aranceles todo certificado para usos oficiales y reclamación de cualquier derecho** por parte de las oficinas o dependencias del Gobierno Central y de los gobiernos municipales: tribunales, registros, negociados y otros de igual o similar naturaleza.

La ley da ejemplos, «sin que ello represente una limitación», y la lista es la que la gente paga todos los años sin pensarlo: certificados de **antecedentes penales**, de **radicación de planillas contributivas**, de **deudas por contribución sobre ingresos y sobre la propiedad**, certificados del **registro demográfico** y **transcripciones de créditos universitarios**, entre otros.

**Este beneficio se extiende al cónyuge, al cónyuge supérstite y a los hijos menores de edad.**

Y hay una obligación que casi nunca se ve cumplida: la ley **ordena a las agencias, oficinas y dependencias estatales y municipales a tener en lugares visibles al público un rótulo** que exprese que esos certificados son libres de pago para policías, cónyuges, cónyuges supérstites e hijos menores que cumplan con los requisitos del reglamento. Y pone al **Comisionado a velar por el fiel cumplimiento** de esa disposición. Si en la ventanilla te cobran, esa es la ley que se cita.

Trabajo extraoficial: el derecho a un segundo ingreso, con topes

Entre los derechos laborales, el inciso A(8) reconoce el derecho **a generar ingresos adicionales mediante Trabajo Extraoficial**, y fija sus límites en la misma oración: **se llevará a cabo mientras el policía se encuentre franco de servicio y nunca podrá exceder de cuatro (4) horas diarias ni de veinticuatro (24) horas semanales**. El Negociado promulga la reglamentación a esos fines.

La definición de «Trabajo Extraoficial» es amplia y conviene leerla completa antes de asumir que algo no cuenta: **todo trabajo realizado por un policía por cuenta propia, como empleado de un tercero, o por comisión; o que tenga intereses en un negocio, independientemente de si media o no una retribución**, servicio o compensación sea cual fuere la forma, cuando se encuentra franco de servicio.

Fíjate en «independientemente de si media o no una retribución» y en «que tenga intereses en un negocio». Un negocio familiar en el que participas sin cobrar puede caer dentro de la definición. Lo que la ley reconoce es el derecho a hacerlo; lo que regula el Negociado es cómo se notifica y autoriza. Antes de empezar, pide el reglamento por escrito.

El resto de los derechos laborales del inciso A son el marco: no ser discriminado por raza, color, sexo, nacionalidad, edad, orientación sexual real o percibida, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, condición de veterano ni impedimento físico o mental; un área laboral segura y salubre con trato justo, digno y de respeto; **ser informado de las leyes y derechos que le cobijan**; que las áreas de trabajo y el equipo estén en buenas condiciones; su intimidad y dignidad; protección frente al acoso (incluido el sexual); y que se le remunere en la forma pactada o legalmente establecida.

La preferencia en empleo que obliga también a la empresa privada

Esta disposición sorprende a cualquiera que la lee por primera vez, porque su alcance no se queda en el gobierno.

El inciso G(1) dispone que **el Gobierno, sus agencias e instrumentalidades, corporaciones públicas o cuasi públicas, municipios y todas las personas particulares, naturales o jurídicas, que operan negocios en Puerto Rico vendrán obligados a dar preferencia a un policía, en igualdad de condiciones académicas, técnicas o de experiencia, en su nombramiento o concesión de ascenso** para cualquier cargo, empleo u oportunidad de trabajo.

Léelo con cuidado, porque la condición importa tanto como el derecho: es preferencia **en igualdad de condiciones** académicas, técnicas o de experiencia. No convierte a un candidato menos cualificado en el escogido; rompe el empate a favor del policía.

Si estás pensando en salir del Negociado o buscar un segundo empleo, esta es una carta que se menciona en la entrevista, no después del rechazo. Y va acompañada de otros beneficios menores pero reales: **25% de descuento de la tarifa individual** en parques nacionales, balnearios, zoológicos, acuarios, centros vacacionales y áreas de acampar, además de los descuentos o tarifas preferenciales disponibles en otras facilidades recreativas o culturales, que el Comisionado queda facultado para negociar.

Salud sin costo, y lo que queda para la familia

El inciso F reconoce el derecho a recibir **de los municipios y del Gobierno Central, a través de todas sus facilidades de salud y sin costo alguno, la asistencia médica, tratamiento, hospitalización y medicamentos necesarios**, previa prescripción facultativa, **incluyendo al cónyuge y a los hijos hasta la mayoría de edad**, y **sin límite de edad** para los hijos física o mentalmente impedidos.

Si el policía, su cónyuge, su pareja o sus hijos están acogidos a un seguro médico prepagado, la institución de salud **podrá facturarle al plan** los servicios prestados, **eximiendo a la familia del pago del deducible**. Y estos derechos **se extienden a los hijos de los policías muertos en el cumplimiento del deber**, hasta la mayoría de edad y sin límite de edad si están impedidos. La ley ordena que aparezca en lugares visibles en todas las facilidades públicas de salud, estatales y municipales.

El Artículo 6 recoge lo que le corresponde al **cónyuge supérstite y a los hijos menores o incapacitados**. Primero, gozar de los privilegios y exenciones de esta ley en caso de muerte en el cumplimiento del deber, **por todo el tiempo que el policía los habría disfrutado**, cesando cuando el cónyuge supérstite contraiga nuevo matrimonio, cuando los hijos lleguen a la mayoría de edad, o cuando cese la incapacidad del hijo mayor de edad.

Después, cuatro beneficios anclados en leyes anteriores que la Carta compila: una **pensión de no menos de $125 mensuales** por el Sistema de Retiro cuando fallece un miembro activo por causa **no relacionada con el servicio** (Ley 8 de 1976); una **beca para matrícula o libros** en cualquier institución pública de educación superior mientras el cónyuge supérstite permanezca en viudez, para hijos menores de 21 años y hasta los 25 si cursan estudios postsecundarios (Ley 263-1998); la **pensión a beneficiarios o herederos** de policías pensionados fallecidos (Ley 169 de 1968); y el **Fondo de Becas** para hijos de miembros que perdieron la vida en el cumplimiento del deber, por condiciones de salud o accidentes relacionados a sus funciones, o estando franco de servicio al intervenir para evitar un delito (Ley 111 de 1988).

Si te niegan uno de estos derechos

El Artículo 8 no deja la Carta en declaración de buenas intenciones. Pone consecuencias, y son de las duras.

**Quien viole alguno de estos derechos será procesado por delito menos grave, con multa de hasta $1,000.** Las corporaciones o agencias del Gobierno y los individuos que **obstruyan o actúen de forma que afecten** estos derechos **serán responsables por los daños que ocasionen al policía, incluyendo el pago de honorarios de abogado**. Y añade algo poco común: **será facultad del Juez imponer una indemnización de hasta el doble de los daños** ocasionados.

Para los organismos: el Comisionado, en coordinación con el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, **puede imponer multa administrativa de hasta $5,000 por cada violación** a todo organismo e institución gubernamental, incluidas corporaciones públicas o cuasi públicas y gobiernos municipales, que no cumplan. El importe de cada multa **se deposita a favor del Negociado** para implementar esta misma ley.

Y una vía que ahorra abogado: el Comisionado, en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública, **queda autorizado para investigar, instrumentar y procesar las infracciones, y podrá representar en los tribunales a los policías perjudicados** por violaciones de esta ley.

Un último dato útil para saber qué reclamar: el Artículo 3 obliga a **todos los organismos e instituciones del Gobierno, incluidas corporaciones públicas y municipios, a informar anualmente (dentro de los 60 días de finalizar el año fiscal) al Comisionado y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre los beneficios y servicios que ofrecen para los policías**, y a la Oficina del Comisionado a **divulgar esa información mediante un portal en la red**. Ese inventario es, en la práctica, la lista completa de lo que puedes pedir.