Traslado, descenso y movilidad en el gobierno de PR

Son cuatro cosas distintas, y confundirlas cuesta

En el gobierno de Puerto Rico, «me van a mover» puede significar cuatro cosas con reglas distintas, y la Sección 6.4 de la Ley 8-2017 las trata por separado: **ascenso**, **traslado**, **descenso** y **movilidad**. La palabra que use tu carta de notificación cambia qué te aplica, qué te tienen que garantizar y qué puedes reclamar.

Un **traslado** te mueve a otro puesto, en tu misma clase o en otra, dentro de tu agencia o hacia otra entidad. Un **descenso** te baja de clase. La **movilidad** es un mecanismo aparte: un plan del Gobierno para redistribuir personal donde hace falta, con su propia lista de reglas y sus propias exclusiones. Y el **ascenso** es el único de los cuatro que siempre te somete a un período probatorio nuevo.

La ley le encarga a la **Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH)** asegurar que las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios provean los mecanismos apropiados para estos cuatro movimientos.

Los treinta días que casi nadie sabe que tiene

Este es el dato práctico que más vale de toda la sección. Tanto en el **descenso** como en la **movilidad**, la ley dispone lo mismo: **la acción no surte efecto hasta que hayan transcurrido treinta (30) días calendario** contados desde la fecha de la **notificación por escrito** al empleado.

Y esa notificación no puede ser un párrafo suelto. La ley exige que **informe al empleado sobre el procedimiento a seguir en caso de no estar de acuerdo** con la decisión, además de la fecha en que surtirá efecto. Si te llega una notificación que no te dice cómo objetar, le falta un requisito que la propia ley le impone.

Hay una excepción y es lógica: en un **descenso solicitado por ti**, si expresas por escrito tu conformidad, el descenso puede tener efecto inmediato o antes de que venzan esos treinta días. La ley protege el plazo cuando el movimiento no lo pediste tú.

Cuenta esos días desde la fecha de la carta, no desde que te la explicaron de palabra, y guarda copia con la fecha en que la recibiste. Es el reloj que gobierna cualquier cosa que decidas hacer después.

Lo que la ley prohíbe expresamente

La Sección 6.4 repite la misma prohibición en tres sitios distintos, lo que dice bastante de cuál era el abuso que se quería atajar. Estos son los límites escritos:

• **Los traslados** no pueden usarse como medida disciplinaria ni hacerse arbitrariamente.
• **Los descensos** no pueden usarse como medida disciplinaria ni hacerse arbitrariamente.
• **La movilidad** no puede usarse como medida disciplinaria, no puede ser onerosa para el empleado, no puede hacerse arbitrariamente **ni puede hacerse como acción dirigida a inducir la renuncia** del empleado de manera que se configuren los elementos de un **despido constructivo o tácito**.
• **Los movimientos cautelares** que la Autoridad Nominadora puede tomar para preservar un clima de trabajo saludable y seguro **no constituyen adjudicación final** de ninguna acción o reclamo, y **en ningún caso** el traslado ni el movimiento cautelar pueden resultar onerosos para el empleado.
• **La movilidad no te somete a nuevo período probatorio**, excepto cuando la transacción de personal represente un **ascenso**, y ahí sí aplica el probatorio de la clase a la que subiste.
• **Todo movimiento de personal realizado en incumplimiento** de las disposiciones de movilidad **será nulo**, según debe dejar claro el reglamento de la Oficina.

A quién NO le aplica la movilidad

Aquí está el dato que no aparece en ningún sitio y que resuelve una pregunta entera. El inciso 4 de la Sección 6.4 lista cinco grupos a los que **la movilidad no aplica**: empleados nombrados por el Gobernador cuyos nombramientos requieran el consejo y consentimiento del Senado; empleados **de Confianza**; **los maestros**; **el personal que requiera la certificación de maestro del Departamento de Educación**; y **los agentes del orden público de la Policía de Puerto Rico**.

Si eres maestro, si tu puesto exige certificación de maestro, o si eres agente del orden público, un plan de movilidad no es el mecanismo por el cual te pueden mover. Eso no significa que nunca te muevan; significa que si lo hacen, tiene que ser por otra vía, con las reglas de esa otra vía.

Para todos los demás, la ley fija qué se toma en cuenta al armar el plan. Primero hay que **identificar qué empleados desean participar de forma voluntaria**. Después se consideran la necesidad de servicio, la preparación y experiencia del empleado, **los años de servicio**, **el domicilio del empleado**, el lugar geográfico de prestación de servicios, **los convenios colectivos** y la disponibilidad del empleado, entre otros requisitos que la Oficina establezca por reglamento.

Que el domicilio y el lugar geográfico estén escritos en la ley importa: si te mueven a una oficina que te obliga a un viaje diario que no hacías, esa es una circunstancia que la ley manda considerar, no un detalle personal tuyo.

Lo que conservas cuando te mueven

El inciso 4 lo dice sin ambigüedad: para **cada transacción de personal** dentro del plan de movilidad se respetarán **las garantías del debido proceso de ley, los beneficios marginales y el sueldo base** que el empleado tenía antes del movimiento, salvo que el empleado o el sindicato que lo represente llegue a otros acuerdos al momento de la movilidad.

Hay dos escenarios donde eso se vuelve muy concreto. Si te mueven **a un municipio**, la ley exige que **el municipio consienta** a esa movilidad: no es una transferencia que la agencia pueda hacer sola. Y si te transfieren a una **Alianza Público Privada Participativa (APP+P)** por este mecanismo, conservas **tu salario y tus beneficios marginales**, y es la APP+P la responsable de asumir las obligaciones de esa transacción.

El detalle de las APP+P tiene una segunda parte que conviene leer dos veces: de no haber acuerdo en contrario, pasas a ser empleado de la APP+P **para todo propósito legal**, pero la **Ley 4-2017 no te será aplicable si ingresaste al servicio público antes de su vigencia**. Es decir, la Reforma Laboral no te alcanza por el hecho de que te movieran.

Una última pieza que aclara un temor común: la ley dispone que la implementación por parte de la agencia del Plan de Movilidad establecido por la Oficina **no constituye una violación a los convenios colectivos existentes ni constituye una práctica ilícita**. Eso no borra tu convenio (de hecho, los convenios colectivos son uno de los factores que la ley manda considerar al armar el plan) pero sí cierra la puerta a atacar el plan por su sola existencia.

Ascensos y traslados: probatorio sí, probatorio no

El probatorio es donde más gente se sorprende. La regla del **ascenso** es absoluta: **todo empleado ascendido deberá cumplir con el período probatorio asignado a la clase de puesto a la cual haya sido ascendido**. Subir de puesto te devuelve a probatorio, siempre.

En el **traslado** depende del destino. Si te trasladan a un puesto **en otra clase** (o su equivalente en otro plan de valoración), quedas sujeto al probatorio del puesto nuevo, pero la ley permite **obviar ese requisito cuando el traslado responda a necesidades del servicio debidamente justificadas**. Si el traslado es dentro de tu misma clase, esa disposición no entra.

En cualquier traslado tienes que reunir **los requisitos mínimos de preparación académica y experiencia** de la clase a la que te mueven, y lo mismo aplica al descenso: los empleados descendidos deben cumplir los requisitos mínimos del puesto que van a ocupar. La ley permite trasladar entre la misma agencia, entre agencia y municipios, entre agencias y organismos, entre agencia y corporaciones públicas, y entre agencia e instrumentalidades y dependencias de la Rama Ejecutiva.

Sobre los ascensos, dos cosas que conviene saber antes de quejarse. Las oportunidades de ascenso **se anuncian** para que todos los candidatos cualificados puedan competir, con divulgación en la agencia y publicación en el Registro Central. Pero la ley también autoriza **ascensos sin oposición** cuando lo justifican exigencias especiales y excepcionales del servicio (nuevas funciones o programas, ampliación de servicios, un registro de elegibles inadecuado, urgencia que hace impracticable el procedimiento ordinario) junto con cualificaciones especiales del empleado, y siempre previa aprobación del examen.